Son muchas las personas que como consecuencia de la crisis económica se han encontrado con una imposibilidad de poder hacer frente a la hipoteca de su vivienda habitual.En España y sobre todo a partir del año 2011, son millones de personas las que han sufrido las consecuencias de perder su vivienda o verse sometidas a un proceso de ejecución hipotecaria. Aquí es donde los abogados debemos trabajar duro para lograr la suspensión del lanzamiento y el alquiler social.
En la actualidad, existen diversas normas que deben hacerse cumplir a las entidades financieras y sus filiales inmobiliarias a la hora de proteger a los consumidores que no pueden hacer frente a su crédito hipotecario. Principalmente desde el año 2013, se han ido dictando innumerables las Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que han dado lugar a modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil y a otras muchas.
Ello ha provocado que con leyes como la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, re-estructuración de deuda y alquiler social (ley que se dicta como consecuencia directa de la STJUE de 14 de marzo de 2013 -asunto C 415/11, caso Aziz,) se asegure la posibilidad de suspender el lanzamiento, a día de hoy, con una moratoria en la entrega de la posesión hasta mayo de 2020 (como mínimo) únicamente acreditando una determinada situación económica que muchas familias sufren.
También en Catalunya se han dictado normas específicas a fin de obligar a las entidades financieras a ofrecer y asegurar un alquiler social, principalmente en su propia vivienda, a las familias con recursos limitados que se han visto en este tipo de situaciones.
Además de todo ello, en muchísimas ocasiones los consumidores no han designado un profesional que les revise su préstamo hipotecario, siendo que las entidades bancarias han ejecutado la hipoteca a pesar de que la misma contenga cláusulas abusivas. Esta revisión y control por parte de un profesional especializado puede provocar incluso, recuperar la propiedad de su vivienda, lo que facilita una renegociación con la entidad.
Parece que por fin, el derecho de las entidades bancarias a adjudicarse en subastas judiciales viviendas a menor coste que el que es habitual en el mercado, está decayendo, favoreciéndose la efectividad del Derecho a la Vivienda del ejecutado.
En conclusión, no siempre ganan los bancos pero para luchar contra los mismos, es imprescindible un buen asesoramiento, no dude en consultarnos si desea obtener la suspensión del lanzamiento y el alquiler social
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